Pero esa limpieza incomodó. Los gremios atrincherados reaccionaron con huelgas y teatro político, y el gobernador Gilmer Horna, sin firmeza ni visión, cedió a la presión y retiró la confianza a quien enfrentaba el desorden histórico. Fue un acto de cobardía política que convirtió al ciudadano en el gran perdedor.
La sociedad civil exigió que el relevo mantuviera lo avanzado y proyectara mejoras, con la meta de alcanzar la recategorización II-2 y levantar nueva infraestructura. Esa expectativa legítima pronto se convirtió en decepción: el nuevo director, incapaz de identificarse con la institución y temeroso de “chocar con nadie”, se ha plegado a las malas prácticas enquistadas. Registros de peajes lo señalan usando la movilidad institucional como taxi personal, mientras la inseguridad laboral provoca la renuncia de especialistas clave —un oncólogo, un uciólogo y auditores— dejando a pacientes críticos sin soporte vital. Lo que debía ser continuidad y progreso terminó convertido en retroceso y abandono.
El retroceso administrativo ha desmantelado lo avanzado: la renuncia de la asistenta social dejó a trabajadores y usuarios sin atención en bienestar laboral; la caída del Comité de Seguridad y Salud paralizó la protección básica del personal; y los concursos CAS y 276 quedaron en el limbo, perpetuando la precariedad. Pero el problema trasciende lo administrativo: los médicos de planta, que en su momento protestaron para exigir cambios, hoy permanecen en una cómoda indiferencia ante el retroceso institucional, tolerando la inoperancia de la UCI y la falta de respuesta en áreas críticas. Las jefaturas de departamento, reducidas a cascarones vacíos, son incapaces de coordinar siquiera el traslado de personal, y el hospital se ha convertido en una máquina que no responde, atrapada en un ciclo de crisis que se reinicia cada vez que el poder fáctico impone su voluntad.
Las consecuencias ya son mortales: el jueves 11 de junio, Telesvina Chávez García, de 79 años, murió por falta de atención especializada, mientras Villegas Capto Teódolo y Humberto Alva Caro agonizan en UCI sin soporte vital. Lo que se advirtió como riesgo se ha convertido en tragedia: el retroceso administrativo ya está costando vidas humanas y desnuda la indiferencia de las autoridades frente a una crisis que no admite espera.
El nuevo director, lejos de enfrentar el caos, ha considerado reducir los indicadores de productividad alcanzados durante la gestión de la Dra. Bolívar y viaja en plena crisis como si la institución fuera un vehículo de conveniencia personal. Su actitud, confirma que la decisión del gobernador Gilmer Horna de retirar la confianza a una gestión técnica y transparente fue un error histórico que hoy se traduce en retroceso y abandono.
Este desenlace es una acusación frontal contra el gobernador que desmanteló una gestión honesta, contra los gremios que celebraron su salida como si fuera un triunfo, y contra las autoridades que, en medio de la fiesta interminable del Raymi Llacta, relegan la salud como si la vida de los pacientes fuera un asunto secundario.
La pregunta que retumba en Chachapoyas es lapidaria: ¿cuántas muertes más deben ocurrir para que el gobernador y su director viajero asuman su responsabilidad? La salud no puede ser postergada ni invisibilizada con pan y circo. La indignación ciudadana debe convertirse en acción inmediata, porque la dignidad no se negocia y la memoria es resistencia.
Por: Jindley Vargas
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Opinión
13/06/2026 13:31
Virgen de Fátima: Tragedia hospitalaria eclipsada por el ruido del Raymi Llaqta.
La llegada de la Dra. Diana Bolívar en febrero de 2026 fue un golpe de aire fresco: orden administrativo, transparencia y resultados palpables devolvieron oxígeno a una institución corroída por décadas de corrupción y privilegios. En apenas tres meses demostró que sí era posible limpiar la casa: más atenciones, personal disciplinado, especialistas incorporados y el sistema Pakamuros Soft funcionando al 90%.
