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Ríos Cenepa y Santiago: nuevas rutas de la minería ilegal en la Amazonía norte.
18-06-2025

- El monitoreo satelital revela una creciente presencia de dragas mineras en los ríos de Loreto y Madre de Dios. Comunidades indígenas denuncian violencia y amenazas, mientras el Estado reduce su capacidad de respuesta.
La minería ilegal sigue ganando terreno en la Amazonía. Según el proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAPP), la Amazonía peruana es una de las zonas más golpeadas por la presencia de la minería ilegal. Según un informe del MAAP, en la Amazonía Sur, esta actividad ilícita tiene mayor presencia en bosques y ríos de la región Madre de Dios. Mientras que en la Amazonía norte, la región Loreto reporta la mayor presencia de dragas mineras (11).
El reporte del MAAP -que utiliza imágenes satelitales de muy alta resolución y fotografías de sobrevuelos- detalla que, desde 2021, se alertó presencia de dragas mineras en los ríos Santiago y Cenepa.
En específico, en el río Santiago, se identificó la presencia de 6 dragas mineras en el sector comprendido entre las comunidades Wampis de Belén, Yutupis, Guayabal, Fortaleza y San Juan. Por otro lado, las comunidades Awajún de Huampi, Sua San Antonio, Pagki, Nuevo Tuntino, Tuutin y Mamayaque, cercanas al río Cenepa se ven expuestas al peligro por la presencia de hasta 40 dragas mineras activas desde el 2022, según reportó el MAAP.
La minería ilegal trae consigo violencia. Por ejemplo, en 2022, mineros ilegales asaltaron y quemaron el local central de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), ubicado en en la comunidad de Mamayaque, provincia de Condorcanqui (Amazonas).
Según información del portal Vigilante Amazónico, el ataque habría sido perpetrado por comuneros vinculados a la minería ilegal.
Presupuesto cae en picada
Según el Instituto Peruano de Economía, hasta 2024, los recursos destinados a combatir la minería ilegal han disminuido en un 34% en términos reales desde el 2019. Ese año, los recursos destinados a combatir esta actividad ilícita habrían alcanzado un máximo de S/ 122 millones. Sin embargo, para 2024, el presupuesto se redujo a S/ 81 millones.
El avance de la minería ilegal en la Amazonía no solo arrasa con los ecosistemas y pone en riesgo a comunidades indígenas, sino que también refleja una alarmante negligencia estatal. En lugar de reforzar la lucha contra este flagelo, el presupuesto destinado a combatirlo se ha reducido drásticamente. La falta de acción y recursos no solo agrava la crisis ambiental, sino que deja a los territorios indígenas desprotegidos frente a redes criminales cada vez más violentas. ¿Qué mensaje se envía cuando el Estado se retira del conflicto y deja que otros impongan sus reglas en la Amazonía?
Vigilante.Pe
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